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Martes, 11 Marzo 2014

La Policía, el Estado y el mercado de armas

Durante el año pasado, 178 policías de Rosario denunciaron haber extraviado su arma reglamentaria.

En la ciudad de Rosario, convulsionada por crecientes niveles de violencia, surgió durante los últimos días un dato preocupante y que agrava el clima de sospechas: de las 1.195 armas que la Policía secuestró durante todo 2013, sólo se informó de tres casos al Registro Nacional de Armas de Fuego (Renar).

Según la Ley Nacional 25.938, la provincia o el Poder Judicial deben rendir cuentas al Renar ante cada arma secuestrada por las fuerzas policiales, de manera tal que el organismo nacional esté en condiciones de actualizar sus registros o brindar información sobre la historia de dicho armamento.

Desde la Fiscalía Regional de la segunda circunscripción -organismo que recién comenzó a funcionar el pasado 10 de febrero a partir de la implementación del nuevo Código Procesal Penal en la provincia- reconocieron la falencia y adelantaron que durante la semana que viene habrá una reunión con el delegado provincial del Renar, como para comenzar a trabajar en forma coordinada.

Pero existe otro hecho sorprendente: durante el año pasado, 178 policías del departamento Rosario denunciaron haber extraviado sus armas reglamentarias. Esto arroja el inaceptable promedio de un arma extraviada por la Policía rosarina cada dos días.

El Dr. Jorge Baclini, fiscal regional, dijo públicamente que esta situación resulta por lo menos sospechosa.

Éste no parece ser un hecho aislado. A fines del año pasado, el procurador general de la Corte, Jorge Barraguirre, reconoció su preocupación por la llamativa cantidad de armas que extraviaban los policías del departamento La Capital.

Si bien no arrojó cifras, sí instruyó al fiscal Carlos Rolando para que investigara el mercado ilegal de armamentos en la ciudad. Hasta ahora no se conocieron públicamente los resultados de aquellas investigaciones, pero se sabe que gran parte de las pistolas 9 mm que utilizan los delincuentes provienen de las filas policiales.

En su momento, Barraguirre explicó que existen muchos casos de mujeres policías que son atacadas por delincuentes, quienes van en busca de sus armas suponiendo que encontrarán menor resistencia.

Aún así, resulta inevitable que se acrecienten las sospechas sobre supuesta connivencia entre efectivos policiales y personajes del mundo del hampa.

En la calle, las armas tienen precio en el mercado ilegal. No sólo se pueden comprar las pistolas 9 mm, sino que también existe la posibilidad de pagar un alquiler por ellas.

Los efectos de este mercado ilegal de armas se reflejan directamente en las estadísticas de homicidios. Tanto es así, que la ciudad de Rosario está batiendo récords en la cantidad de asesinatos por año.

En lo que va de 2014, en Santa Fe se produjeron al menos 25 muertes violentas. Un número que supera, incluso, la cantidad de homicidios producidos en los dos primeros meses de 2007, año en que la capital provincial encabezó el ranking de asesinatos a nivel nacional.

Mientras la policía continúe siendo una institución teñida de sospechas, difícilmente estará en condiciones de prevenir el delito y de combatir una sensación de inseguridad que se torna asfixiante.

El trabajo que tienen por delante las autoridades policiales, el poder político y los integrantes del Ministerio Público Fiscal, será arduo. Se trata de una responsabilidad clave. Y deberán demostrar que están a la altura de las circunstancias.