Rosario, Sábado 18 Noviembre 2017
Martes, 13 Septiembre 2016

Mezquindades de la política argentina

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El pedido público de destitución de un juez y el desembarco de las fuerzas de seguridad nacionales en la ciudad de Rosario son dos buenos ejemplos de la cualidad que predomina en la clase política nacional.

La mezquindad parece uno de los signos más distintivos de la política argentina. El pedido público de destitución de un juez conocido esta semana y el desembarco de las fuerzas de seguridad nacionales en la ciudad de Rosario son dos buenos ejemplos de esto.

Daniel Rafecas es uno de los 12 magistrados federales de la ciudad de Buenos Aires a quienes hay mucho para reclamarle por su paso cansino en las investigaciones por corrupción de la década pasada. No todos los magistrados fueron iguales. No todos fueron Norberto Oyarbide. Rafecas sigue siendo observado por la causa Ciccone, en la que procedió rápidamente llegando a allanar el domicilio del entonces vicepresidente Amado Boudou, aunque luego surgiera el debate por una serie de mensajes de texto con uno de los defensores del imputado. Este mismo juez es el que archivó la denuncia del fiscal Alberto Nisman, en la que se acusaba a Cristina Kirchner, Héctor Timerman y otros funcionarios por el memorándum de entendimiento en la causa Irán.

Un centenar de intelectuales, políticos, ex ministros, pensadores, empresarios y periodistas, publicaron esta semana una solicitada en la que, sin más que dos o tres líneas de enojo por esta decisión tomada en el hecho de la mutual Amia, pedían que se echase al juez. Semejante actitud no es más que una presión nada institucional que atenta contra el mejoramiento del sistema republicano.

Por estos tiempos es casi imposible intentar razonar con argumentos. Se exige, para defender cualquier pensamiento, una hipérbole permanente de adjetivos que atiendan a destruir a quien opina antes que intentar escuchar qué cosa dice. En esta lógica es habría que preguntarse: ¿qué comentarios hubiera suscitado una solicitada firmada por empresarios y juristas K, y periodistas como Víctor Hugo Morales, Cintia García, pidiendo la remoción del juez Claudio Bonadio por haber procesado a la ex presidente en la causa del dólar futuro? ¿Por qué no entonces mostrar sorpresa, cuanto menos, ante la publicación de la que alude a Rafecas?

Bonadio y Rafecas deben dar cuenta de sus actos ante la institución que corresponde juzgarlos. Eso es el Consejo de la Magistratura. Si hay alguien que cree que hubo mal desempeño (y esto va sobre todo para los juristas que firman) deben presentarse ante la institución del caso para discutir institucionalmente el caso. La redundancia vale y volverá a ser utilizada: el mejoramiento institucional se da por los caminos institucionales y no a los gritos o con piedrazos verbales públicos.

Claro que para ello hay que esgrimir argumentos y no mezclar los temas. Alberto Nisman murió y no se sabe de qué manera. Eso es grave y de gran conmoción. Lo otro es si se corresponde penalmente considerar que el Memorándum fue el modo de encubrir al país que mandó hacer volar la Amia (eso está probado en un expediente judicial) y que quien lo firmó lo hizo con ese objetivo.

Los dos temas están vinculados pero no son, hasta ahora, consecuencia necesaria el uno del otro. Creo que el acuerdo con Irán debería ser observado a la luz de la traición a la patria (no del encubrimiento), toda vez que cede una parte de la jurisdicción argentina a Irán y eso está sancionado por el tipo penal. No creo que Alberto Nisman se haya suicidado. Al menos, sin un instigador. Escribo esto luego de haber leído la causa y haber conocido lo que la rodeó. Sin embargo, no puedo decir que su escrito de denuncia contra la ex presidente sea jurídicamente sustentable para las imputaciones que él pedía.

¿Qué debe hacer un juez frente a esto? ¿Ante la "preocupación" por la muerte de un fiscal no cumplir la ley y abrir "preventivamente" una investigación contra un presidente o quien sea para calmar la angustia social? Seamos brutales: si se sospecha que a Nisman lo mataron, ¿entonces lo que haya escrito goza de infalibilidad penal y es más importante que la misma ley? Porque el rechazo de Rafecas no dice que Cristina es inocente. Asegura que el fiscal no aportó pruebas suficientes (por ahora) para demostrar que la ex funcionaria actuó encubriendo a Irán. Abrir la causa sería abusar de su función de juez y eso se llama prevaricato.

Rafecas rechazó, es cierto, la apertura de la causa propuesta por Nisman. Habría que recordar que esto lo ratificó la Cámara de Apelaciones de los doctores Freiler, Farah y Ballesteros por mayoría y que lo desestimó el fiscal de Cámara Eduardo Deluca, sin contar la extensísima lista de juristas simpatizantes y detractores del gobierno que terminó el 10 de diciembre pasado que coincidieron en los argumentos. Lo sabe esto la ex esposa del fiscal, a la sazón jueza federal, que esgrime su indiscutida angustia y tristeza no para que se sepa qué pasó con el padre de sus hijas sino para que se abra un proceso penal referido al Memorándum con Irán. Impactante.

El pedido de apartamiento de Rafecas lo tiene el Consejo de la Magistratura. Entonces, los agraviados en solicitadas sienten que ninguno de ellos (ni el juez, ni la cámara, ni los fiscales, ni el consejo) merece el respeto institucional y proponen que se cumpla lo que ellos desean, aquí, ahora y como ellos estimen. Otra vez, el deseo personal por sobre el canal institucional y siempre bajo el lema de mejorar las instituciones. Raro e impactante otra vez.

No hay peor caníbal que el que se come al que devora seres humanos. Pensar así, como sugiere la solicitada de esta semana, es transformar a alguien en más importante que la ley y hacer el que derecho penal sea lo que un ciudadano (o un conjunto de "notables") pretenda. Si no por convicción, al menos por instinto de supervivencia convendría recordar que los atajos institucionales son siempre ilegales y, cambiado el clima político, puede volverse en contra, cegando la posibilidad de invocar la propia torpeza.

Rosario. Las ciudades de Rosario y Santa Fe claman que el gobierno nacional cumpla con su deber de garantizar la seguridad para sus habitantes. No es un derecho, es una obligación constitucional. El zigzagueo político de la ministra Patricia Bullrich (profusamente informado en este diario) retaceando la ayuda ya, ahora, de inmediato, basada en la supuesta falta de colaboración de las autoridades santafesinas, es patético. Nadie desconoce la incompetencia de los gobiernos socialistas pasados en esta materia. Pero no es justo que se haga pagar el precio de ello a los rosarinos y santafesinos que ya han ofrecido miles de muertos y heridos de su propia sangre.

Bullrich puede discutir lo que quiera en sus propuestas de acuerdo que, de paso, cambia cuando todo está listo para rubricarse. Pero dentro de la ley. No puede inventar intervenciones provinciales o excusas que a la provincia de Buenos Aires, gobernada por su partido político, no le exige. Que discuta lo que quiera, pero con la Gendarmería y la Policía Federal en el territorio de las ciudades nuestras ya. Sin dilaciones.

Las muertes por la inseguridad no cesan ante la burocracia ministerial o ante la pequeñez política de los que transitoriamente firman por arriba de un sello pomposo. Ojalá que mañana, cuando el gobernador Miguel Lifschitz se vea con el presidente Mauricio Macri luego de la intervención del eficiente bombero político Rogelio Frigerio, se demuestre que esta imperdonable actitud fue fruto de alguien con miopía política y no el sentir de un gobierno nacional que debería dejar de sacarse fotos de campaña en las calles de una ciudad angustiada no por las elecciones sino por su supervivencia.

Luis Novaresio

Periodista en C5N, Radio 10 y Radio Dos. Columnista del diario El Ciudadano de Rosario.

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