Rosario, Martes 21 Noviembre 2017
Lunes, 13 Julio 2015

Mi querido profesor

Escrito por 

Debate. El desplazamiento del juez Cabral y su reemplazo por un abogado amigo del poder, sin formación ni experiencia para integrar Casación. ¿Hay espacio para discutir sin fanatismos políticos la vieja deuda democrática de mejorar el Poder Judicial?

No acostumbro a utilizar esta columna que generosamente me concede cada domingo el diario La Capital para entablar discusiones o intercambio de opiniones personales. Porque no corresponde, primero, y porque intento desde hace más de dos años en los que vengo escribiendo aportar información de la entretela del poder con algo de mirada personal sobre ello. Sin embargo, esta semana sentí que compartir con los lectores un ida y vuelta público con un respetado profesional del derecho de Rosario sobre mi anterior artículo, podía ahondar el debate sobre una de las mayores de deudas que tiene el devenir republicano post 1983: el servicio de justicia.

Afirmé hace siete días (ver "Pobre República") que era una maniobra obvia el desplazamiento del juez de la Casación penal Federal Luis María Cabral tendiente a neutralizar un eventual fallo en contra del gobierno en al causa del Memorándum de entendimiento con Irán. Lo sigo sosteniendo. Es una burda manera de avanzar sobre los magistrados que cuestionan lo que, a mi humilde entender, es un zafarrancho jurídico firmado con la república islámica que por veinte años encubrió a los acusado de volar la Amia. Un alumno de primer año de derecho percibe leyendo ese acuerdo que viola el principio de los jueces naturales y todas y cada una de las garantías constitucionales del debido proceso. No abundaré sobre ello porque hoy no es el tema.

¿Hay para discutir sobre el origen del nombramiento de Cabral en la Cámara ocurrido hace casi cuatro años? Claro que lo hay. Pero el kirchnerismo en pleno –la presidente, sus senadores y sus miembros en el Consejo de la Magistratura– atropellaron toda discusión para tirar por la ventana a un juez por el mero temor de un fallo adverso. El gobierno de la presidente Kirchner no está preocupado por la transparencia de la Justicia: la misma primera magistrada, el mismo Senado y los mismos consejeros que defendieron, por ejemplo, no una, sino dos veces, al juez Norberto Oyarbide acusado de mal desempeño en causas más que conocidas, lo demuestran como mero y no único ejemplo. Eso dije hace una semana.

En el curso de los días posteriores recibí, como de costumbre y teniendo en cuenta el impacto del diario La Capital, montones de comentarios. A favor, en contra disintiendo e insultos de todo tipo. Sobre estos últimos quiero decir que ya me siento inmunizado. Aprendí que hay una fauna de foristas, twitteros y demás usantes de las redes sociales que su enorme bajeza, habitualmente anónima, es directamente proporcional a la pequeñez de su vida propia. Alguna vez deberemos darnos un debate los periodistas a la hora de discutir si es libertad de prensa dejar que cualquiera, sin el menor resguardo de identidad, pueda ofender, calumniar y herir a propios y familiares de quien escribe, dice u opina, sin el menor control. Por ahora, invoco la inmunidad de ni considerarlos.

Entre las opiniones adversas (muchas que me llevaron a seguir debatiendo el tema) encontré la de un prestigioso abogado penalista de nuestra ciudad. Víctor Corvalán es un profesional al que respeto mucho. Fue mi profesor de Derecho Penal parte especial, lo conocí en el Tribunal y, sin que esto sea una infidencia, lo recomendé a conocidos para que los patrocinara en los Tribunales. Tengo un gran recuerdo como abogado y el mejor como hombre de talento didáctico a quien entrevisté decenas de veces en la radio cuando trabajaba en Rosario. Es decir: me comprenden las generales de la ley por mi afecto y respeto hacia él. Por eso valoro especialmente sus comentarios.

En su Twitter personal el doctor Corvalán escribió: "Cabral tiene un nuevo defensor en Rosario: Luis Novaresio. Mis respetuosas discrepancias ante su columna anti K". Ignorante como soy de la informática recibí el alerta del comentario, ya que no había sido arrobado, y decidí responderle cuando en el programa que conduzco en radio La Red accedimos en exclusiva al curriculum del reemplazante del juez apartado. Claudio Vázquez es un abogado de la matrícula (requisito formal para ser magistrado cumplido, pues) sin ningún tipo de perfeccionamiento post grado o académico (cursos de perfeccionamiento, adiestramientos profesionales, etc.) de relevancia. El propio Vázquez en su CV apunta haber trabajado en la empresa Firestone/Bridgeston en control de calidad (por las dudas: empresa que fabrica neumáticos) y haber sido asesor político del bloque de senadores del FPV en el Senado de Buenos Aires. Nada más. Abogado, asesor y empleado de una fábrica de cubiertas. Si se verifican los apenas 13 cursos que el ya miembro de la Casación Penal, máximo escalón previo a la Corte de la justicia federal del fuero de nuestro país, se comprueba que, en promedio, cursó (sin fecha, sin especificación alguna) un cursillo por año y medio de profesional de los cuales la mayoría son propios del derecho civil y sólo un par de su materia penal. Todo lo que afirmo puede verse copiado del original en mi cuenta de Twitter, el 7 de julio pasado.

Con el querido doctor Corvalán cruzamos entonces nuevas discrepancias. ¿Este es el nivel académico que usa el oficialismo para "transparentar y mejorar la Justicia" como esgrime la agrupación pro gobierno "Justicia Legítima?, pregunté. Alcanza con sentido común, ejercicio de la profesión de caminar los pasillos de los Tribunales y apego a la ley, arguyó mi profesor.

Como sigo sin coincidir con Víctor creí oportuno traer esta discusión semipersonal (muchos se sumaron en las redes sociales) para preguntarme si hay espacio para debatir en serio una vieja deuda democrática de mejorar el Poder Judicial. Creo que algún sector de ese servicio adolece de resabios monárquicos (hay jueces que creen que hablan por sus sentencias y no explican cómo ejercen un servicio público), aristocráticos (nombramientos de familiares y amigos) y de poco apego al respeto a la hora de fallar con la necesidad de justicia de los litigantes (vergüenzas en tardanzas o poca apertura del horario de trabajo al común de la mayoría). Mi pregunta es: nombrando a amigos del poder de turno, sin formación, por capricho o prepotencia política, ¿vamos en el sentido del cambio?

Nadie, seriamente, puede creer que el abogado Vázquez se ha formado para ser juez de la Casación. No tiene formación ni experiencia. La confesión de Vázquez con su CV, releva de pruebas. Es, mera descripción, no valoración, un amigo K. Tampoco tiene sentido el silencio de "Justicia Legítima" (y de tantos que saludan este modo de gobernar) que se golpea el pecho por los nombramientos judiciales de antaño y se calla ante las centenas de "lapicerazos" de la procuradora Alejandra Gils Carbó que no llama a concursos de antecedentes y se ampara en una formalidad aprobada entre gallos y media noche para ejercer esa facultad discrecionalmente (si no, de forma arbitraria). Casualmente, todos nombramientos de funcionarios de "Justicia Legítima".

¿Por qué alguien brillante como Víctor Corvalán, maestro de abogados, puede enojarse por el reproche de falta de antecedentes de un juez y justificarla con un encono más político que académico? Comerse a un caníbal sigue siendo de caníbales. Mi columna no es anti K. En todo caso, creo en el periodismo que tensiona al poder de turno y revela lo que se trata de esconder. El periodismo de "buenas noticias" es muy similar a la propaganda, ampliamente solventada por los estados nacional, provinciales y municipales. Nombrar a un amigo no apto para el cargo es caníbal. Eso sin contar que como lo ha mostrado la historia desde los romanos, nombrar jueces "obsecuentes" de hoy implica garantizar magistrados "traidores" en el futuro cuando el sol del poder político caliente en otro sector.

Claro que esto no vale para el apreciado Víctor Corvalán a quien sé una persona de bien poco afecto a dejarse cegar por la mezquindad política del "vale todo" hoy instaurada, en donde no importan las razones de fondo sino el tener una momentánea y poco valiosa razón de imponerse al adversario político considerado más que eso: el que piensa distinto, se ve en la óptica oficial, es lisa y llanamente un enemigo. Si la justicia es la última garantía del funcionamiento del estado de derecho, los que estamos decididos a defenderla (y nos incluyo, Víctor) merecemos un debate sincero que no sea atropellado por el fanatismo irracional de estos días de "estar conmigo o en mi contra". Y, en serio, lo digo con enorme respeto por mi profesor.

Luis Novaresio

Periodista en C5N, Radio 10 y Radio Dos. Columnista del diario El Ciudadano de Rosario.

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