Rosario, Domingo 19 Noviembre 2017
Domingo, 13 Mayo 2012

Con profundo valor filosófico

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El Congreso de la Nación sancionó esta semana dos leyes que deberían haber recibido un saludo popular mucho más sonoro. Es cierto que las piruetas dialécticas del Senado de la Nación para evitar constituir una comisión que estudie si su presidente se encuentra involucrado en hechos incompatibles con su función o los disparates prohibicionistas de la Secretaría de Comercio Interior, que ve en el Jabugo español a un enemigo del modelo nacional y popular, son manifestaciones públicas que suelen empañar lo importante. Quizá alguno de los barrabravas rentados por esa misma Secretaría de Estado puedan contribuir con la distracción de la atención, pero las leyes de identidad de género y de muerte digna merecen un reconocimiento especial.

Como en pocos períodos de la era constitucional se han consagrado normas que tienden al respeto por la vida propia y a las decisiones personales sobre ella. Habrá que reconocerle a un Poder Ejecutivo que en muchas de sus acciones instila discrecionalidad cuasi autoritaria, a la par de esto ha logrado transformar buena parte de la anacrónica legislación con el impulso social a normas como el matrimonio igualitario o la incorporación al sistema previsional de los que por la crisis económica habían quedado excluidos.

Los dos ejemplos sancionados por el Senado en estos días tienen un profundo valor filosófico. En uno, garantizar que el Estado no es competente para juzgar una acción privada que no perjudica a terceros toda vez que alguien adecua su identidad a su condición sexual elegida. En el otro, con especial destaque, la protección de la ley para los que decidan que la vida no es una obligación artificial sino una decisión única, personal e intransferible a la hora de ser terminada en su fase natural.

Rosario siempre estuvo cerca

La ley de “muerte digna” tuvo varios antecedentes que sirvieron a la hora de su redacción. Es interesante recordar que hace más de tres años, un juez de Distrito en lo Civil y Comercial de nuestra ciudad formuló en un fallo las bases que hoy están recogidas en las normas. Entonces, el doctor Marcelo Bergia tuvo que resolver el caso de un joven con un cuadro de encefalopatía progresiva en modo terminal que generaba que este chico debiese alimentarse (como único modo) por medio de un botón gástrico. De acuerdo a las circunstancias de aquel caso, el joven casi no reconocía a sus seres queridos y tenía una calidad de vida muy deteriorada. El pedido era “desconectar” al paciente para permitir que su vida siguiese los cursos naturales hacia su fin.

Es más que interesante leer hoy, otra vez, al propio Marcelo Bergia para entender que la ley sancionada viene a evitar el dolor agregado de una familia sufriente que debía, hasta ahora, recurrir a la burocracia judicial para no cometer delitos. Es central cuando este magistrado dice que “el ser humano existe, se desarrolla y se expresa en tres dimensiones diferentes: biológica, psíquica y social. Desde el punto de vista biológico es un ser viviente con características idénticas a los demás seres vivos. En su aspecto psíquico piensa y siente. En su dimensión social se comunica, se relaciona e interactúa con sus semejantes. Naturalmente, la vida biológica es condición esencial para el desarrollo humano en las otras dos dimensiones. Pero en su aspecto más básico (como el caso de la respiración –espontánea o forzada– y el latido cardíaco) es insuficiente para permitir el desarrollo en el aspecto psíquico y social. Cuando los tratamientos o medios necesarios para prolongar la vida o las condiciones físicas o psíquicas en las que quede luego de aplicados los mismos le imponen a la persona restricciones definitivas para su desarrollo en sus dimensiones psíquica y social, debe reconocérsele el derecho a rechazar su utilización. Es el típico caso de la dependencia absoluta e indefinida de máquinas en ámbitos aislados o de la denominada muerte cerebral”.

Esto es lo que, luego de largo tiempo, recoge la ley de “muerte digna”. Pasaron años y años porque, claro está, el caso rosarino no fue el primero, para que con valentía el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo reconocieran que la vida humana no es un mero resumen biológico. Es la caracterización del hombre como un ser deseante antes que una mera unión de células.

Aquí, en este fallo antecedente de la ley y en la norma misma, se sienta la convicción de que la vida es un devenir y no un instante “fotográfico”. Desde su comienzo y hasta su fin. El shock eléctrico cardíaco, la inyección cardíaca de reanimación, son prácticas con décadas de utilización, masivas, accesibles a todos que, en este caso, se piden no utilizar para no prolongar lo que es vida indigna, la “casi no vida” si se tolera el giro semántico. ¿Eso no quiere decir que la muerte, aún en este caso terrible, el fin de la vida, depende de algo más que el prejuicio o el sentimiento personal? Este juez rosarino dijo con meridiana claridad “se trata, precisamente del respeto por la vida humana, pero en su íntegra dimensión, no solo circunscripta a las funciones fisiológicas elementales. El hombre no solo vive porque respira y porque su corazón late. El hombre vive porque piensa, porque siente, porque se comunica, porque se relaciona”. En suma, uno cree, porque desea.

Ser lo que se desea ser

La otra norma sancionada apunta a proteger el derecho a la identidad sexual ante los estrados oficiales. También en ese debate parlamentario se citaron antecedentes rosarinos como el fallo de la doctora Liliana Georgeti de 2009 que concedió el documento nacional de identidad como mujer a una transexual que por años fue obligada a identificarse como varón. El Estado tiene la obligación de darles nombre y apellido a sus ciudadanos. Concederles número de legajos de estado civil y, por supuesto, código de imposiciones tributarias. Pero no puede, dice la nueva ley, inmiscuirse en la decisión íntima de la elección de género toda vez que este deseo no incumbe a terceros. Para ello, garantiza los procedimientos médicos necesarios.

A no ser el destemplado reclamo del diputado sojero de Salta, Alfredo Olmedo, que pidió que se habilitasen baños públicos para “el tercer sexo”, preocupado por la intimidad de un hombre y una mujer que puede compartir un espacio fisiológico con alguien que haya optado por su género, el resto de los mortales de bien sintió que una norma semejante defiende el inalienable derecho de hacer lo que se quiera, sin afectar al prójimo. O lo que en el barrio suele referirse con un ingenioso juego de palabras que contiene sinónimos de silbatos y traseros.

Luis Novaresio

Periodista en C5N, Radio 10 y Radio Dos. Columnista del diario El Ciudadano de Rosario.

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