Rosario, Lunes 24 Septiembre 2018
Lunes, 11 Diciembre 2017

Cómo cambió la economía durante la gestión Macri

El gobierno nacional, que cumple dos años, lleva adelante un plan para cambiar de modelo económico. Ganadores y perdedores

Se cumplen dos años de gestión del gobierno presidido por Mauricio Macri. Ha sido tiempo suficiente para despejar cualquier duda respecto a la orientación política e ideológica que tiene la alianza Cambiemos respecto de la economía. Desde sus primeros días, el cambio de rumbo fue más allá de lo prometido en campaña, procurando reposicionar a la Argentina como alternativa atractiva para las finanzas internacionales; ello se logró rápidamente gracias la apertura comercial, la liberalización del movimiento de capitales, el acceso irrestricto a las divisas, la desregulación de algunos mercados y una política monetaria instrumentada en favor de las actividades rentísticas y de la especulación financiera.

Fue clave también el pronto y condescendiente arreglo con los denominados "fondos buitre" logrado en abril de 2016, el que, gracias al apoyo del poder legislativo nacional, sirvió para habilitar la ventanilla del endeudamiento externo, vital para el financiamiento de los desequilibrios que generó una política de neto corte neoliberal: el déficit fiscal y el déficit de cuenta corriente.

En el plano interno, la política económica fue solamente una consecuencia de esta visión. La "lluvia de inversiones" nunca llegó, ya que la política monetaria desplazó los incentivos a la inversión real privada, junto con un cambio de visión respecto al rol del mercado interno en la dinámica económica.

El deterioro del poder adquisitivo de la población, especialmente de los sectores con niveles de ingresos más bajos, pretendió ser un medio para controlar la inflación, e indirectamente controlar la balanza comercial.

El control de la inflación ha sido el argumento de la política que permite sostener un modelo regresivo y recesivo, favoreciendo fuertemente a las finanzas especulativas en detrimento de la economía real, con cargo al Estado, que en definitiva es del conjunto de los argentinos.

Sin embargo, por las contradicciones propias de este esquema, no dio los resultados previstos por el propio gobierno. A pesar de observarse en 2017 una leve recuperación de la actividad económica, y una fuerte caída de la inflación respecto a 2016, la estrategia sigue presentando serias debilidades y los costos vienen superando largamente a los beneficios, hasta el momento.

De allí que el tema fiscal vuelva a ubicarse en el centro de la escena: si la economía no genera riqueza, sino que la toma del endeudamiento y la retira del sistema económico, el sector público no puede absorber recursos para llevar a cabo la misión que le encomienda la ciudadanía; sólo se debe ocupar de ajustar y administrar la escasez. Esto explica el motivo de las tres reformas propuestas por el gobierno (la reforma laboral, la reforma fiscal y la reforma previsional) que implicarán una nueva transferencia de recursos desde los sectores asalariados, la clase pasiva y los más vulnerables.

Las medidas implementadas durante los últimos dos años, no sólo implicaron cambios de forma, sino también en la estructura misma del proceso de formación y distribución de la riqueza, bajo la consigna de "normalizar la economía". Esto implicó reinsertarla al esquema mundial como proveedora de materias primas, útil para los grandes negocios y sin restricciones que impidan remitir al exterior las ganancias obtenidas localmente.

La base filosófica de esta economía es la convicción de que la Argentina, aunque tenga recursos naturales y capital humano suficiente para cobijar dignamente a sus habitantes, está condenada a ser periferia subordinada y dependiente del poder económico y financiero mundial.

Actividad económica

Luego de un año de profunda caída, en el 2017 la actividad económica logró recuperarse parcialmente y ubicarse a septiembre de ese año (último registro oficial) apenas 0,3% por sobre de los niveles que se observaban dos años atrás. Si se quisiera tomar como referencia el último mes completo de la gestión anterior, la situación reflejaría con más acercamiento que a dos años del cambio de gobierno, la macroeconomía no ha crecido.

Es importante destacar que en el 2017 los indicadores muestran un rebote, respecto al año 2016 en el que el PBI cayó un 2,2% (Fuente: Indec) que de todas formas no alcanza para afirmar que la economía se encuentra en un sendero de crecimiento sólido y sostenido.

A modo de comparación, en el año 1992, luego de aplicar medidas de corte neoliberal semejantes a las que implementó el gobierno de la alianza Cambiemos, el PBI creció más del 10%.

También vale destacar que en la evolución de la actividad económica del año 2017 se observa un repunte en la variación interanual desde el mes de mayo hasta el mes de julio inclusive, luego de lo cual la evolución declina paulatinamente, abriendo un interrogante acerca de si tal evolución resulta en rebote lógica posterior a un año muy negativo (como lo fue el 2016) o si se trata del inicio de una recuperación que se proyectará en el mediano y largo plazo.

Algunas estimaciones del PBI para todo el año 2017 hablan de un crecimiento del 2,5%, lo que no refleja las expectativas iniciales del gobierno.

A dos años de iniciada la gestión, el rumbo tomado por el gabinete económico sigue dejando serias dudas acerca de su viabilidad y sustentabilidad como estategia de crecimiento sostenible en el mediano y largo plazo.

La evolución antes descripta se define mediante sectores con evolución positiva, y otros con dinámica negativa, mostrando un efecto heterogéneo del nuevo rumbo económico sobre el conjunto de la producción. Los sectores que más contribuyen al PBI y más inciden sobre la demanda de mano de obra registrada sobre el nivel de empleo formal total, tuvieron una evolución negativa. Este es el caso de la industria manufacturera y Comercios y reparaciones. Estos sectores también son los que reclutan la mayor cantidad de pymes del país, y por lo tanto, la mayor capacidad de crear puestos de trabajo genuinos.

En consecuencia, sacando la administración pública (considerado por el actual gobierno como generador de empleo no-genuino), los sectores que más empleo formal aglutinan resultaron perdedores del modelo, mientras que los que tuvieron una performance positiva son en general capital-intensivo, con presencia de grupos económicos de mayor envergadura, y en muchos casos vinculados a capitales extranjeros.

Industria manufacturera

Un dato que se rescata de observar la evolución del EMI en los últimos dos años es que, si bien en octubre de 2017 la actividad económica escaló 4,4% con respecto a igual mes de 2016, no logró recuperar los niveles registrados en octubre de 2015 (todavía está 4 puntos por debajo).

A partir del mayo de este año, la industria viene registrando una mejora con respecto a la pobre performance registrada en 2016. En lo que va del 2017, lleva acumulado un crecimiento del 1,8%, pero el dato a destacar es que a pesar de esa evolución, la retracción de empleados que integra no se detiene.

Entre diciembre de 2016 y septiembre de 2017, la cantidad de empleados cayó en 17.540 unidades. Con lo cual se trata de una dinámica manufacturera que en términos agregados no logra recuperar los niveles de empleo previos al cambio de gobierno, y por lo tanto, los denominados "brotes verdes" no ha sido suficientes para recomponer los puestos de trabajo perdidos durante el año 2016.

Entre diciembre de 2015 y septiembre de 2017, se destruyeron 63.419 puestos de trabajo.

Esta dinámica permite decir que el modelo actual puede generar un impacto agregado positivo y lograr un crecimiento económico observado en la evolución del PBI, pero no garantiza el uso pleno de los recursos, ya que también se observa una caída en el nivel general de uso de la capacidad instalada.

Particularmente se observa que la industria manufacturera está logrando recuperarse de un muy mal año 2016, hecho que no está siendo suficiente para impulsar la creación de empleo y la distribución de los beneficios económicos de manera amplia y heterogénea.

Construcción

La actividad de la construcción ha servido de "apalancamiento" de la actividad, con el aporte fundamental de la obra pública que impulsó su evolución y la dinámica de incorporación de empleo durante el año 2017.

De todas formas, la cantidad de puestos de trabajo registrado en el sector no logró recuperar la pérdida sufrida durante 2016, arrojando un saldo neto negativo en la comparación de último dato de 2017 con su respectivo mes del año 2015 (para evitar errores surgidos en la estacionalidad).

El 2016 fue un año de profunda caída en la construcción. La inversión privada tuvo un momento de incertidumbre y en parte también fue desplazada por otras aplicaciones surgidas de las oportunidades de renta financiera que genera la actual política monetaria.

En este sentido, el ambicioso plan de obras públicas que decidió impulsar el gobierno, tienen un fuerte impacto en la dinámica de la construcción a nivel macro, y el efecto inmediato sobre sectores importantes tales como la producción de cemento, hierros y otros insumos básicos para la construcción.

Luego de dos años de gobierno macrista, la construcción retoma los niveles del año 2015. Si la dinámica de esta actividad depende exclusivamente de la inversión pública, la necesidad de acortar el déficit fiscal puede afectar su posterior evolución, ya que difícilmente la construcción privada por sí sola permita lograr la evolución esperada y sostener los niveles de empleo por encima de los 450.000 trabajadores.

Balanza comercial

Desde su llegada al gobierno, la alianza Cambiemos impulsó una serie de medidas tendientes a la apertura comercial, que respondió tanto a su efecto disciplinador de los precios internos como a su vocación de seducir a los intereses foráneos en la captación de capital.

Durante el año 2016, la balanza comercial (exportaciones e importaciones), registró un superávit que, tal como ocurre en Argentina en épocas de profunda recesión, obedece a una caída en las compras habituales para el funcionamiento de una economía activa y en crecimiento. Por este motivo, durante el año 2017, el superávit se revierte fuertemente, tocando un déficit que refleja las consecuencias de un modelo aperturista y de tipo de cambio bajo.

Esta situación no fue una sorpresa para el gobierno, que en sus dos propuestas anuales de presupuesto público nacional (2017 y 2018) estima un rojo comercial, que se sostendrá en el tiempo.

Este aspecto resulta central, ya que se trata de un esquema económico que no genera riqueza de manera genuina, y que las exportaciones de los sectores "elegidos" como ganadores (agroexportador, vehículos, energía, entre otros) no logran generar saldos comerciales suficientes para financiar la exportación de divisas de las importaciones y la fuga de capitales.

Más allá del problema del déficit comercial, hay cambios en la composición de las exportaciones y las importaciones entre 2017 y 2015. Sobre las primeras, poco se puede decir en vista de una muy pobre dinámica exportadora, ya que las mismas prácticamente no variaron en el acumulado enero-octubre del 2017 respecto al mismo período de 2015; a pesar de ello, se observa que los productos primarios y las MOI lograron mejorar relativamente su participación sobre el total, en detrimento de las MOA y combustibles y energía.

El cambio se observa con más claridad al observar las importaciones, que aumentaron un 9% entre el acumulado enero-octubre de 2017, respecto al mismo período de 2015. Las mayores estuvieron orientadas a vehículos automotores de pasajeros, bienes de consumo y bienes de capital.

Salvo algunos casos de bienes de capital, las partes necesarias para el proceso productivo registraron caídas, en concordancia con una pobre dinámica económica de algunos sectores de la actividad industrial y manufacturera (piezas y accesorios de bienes de capital y bienes intermedios).

En el frente externo se encuentra una de las principales debilidades del esquema económico del gobierno. La debilidad propia de un esquema aperturista, enfocado en determinados sectores tradicionales, de bajo valor agregado y muy dependientes de la dinámica de precios internacionales, reedita el problema de extrangulamiento externo.

La alternativa que se observa con gran preocupación es que en la concepción política de la actual gestión, el aparato productivo no requiera divisas producto de su deterioro o de la sustitución de bienes nacionales por otros foráneos.

La idea tratada con peligrosa superficialidad, que refiere a la necesidad de reconversión de las empresas que no puedan competir con los productos extranjeros, no evita una demanda de divisas para consumo y fuga de capitales en general, que en vez de tener un rol activo en la incorporación de valor agregado y, por lo tanto, en la generación de empleo, apunta al consumo suntuosos o de lujo de un sector beneficiado y con capacidad de pago, marginando las posibilidad de inclusión de las grandes mayorías y la aplicación de la divisas a un objetivo de desarrollo nacional.

Inflación

El combate a la inflación fue y es uno de los principales objetivos de la política económica del gobierno de Macri, así como de la conducción del Banco Central de la República Argentina (BCRA), que sigue recibiendo un apoyo total por parte del presidente de la Nación.

Si bien el gobierno se esfuerza por decir que ha logrado bajar la inflación, la realidad indica que por segundo año consecutivo la autoridad monetaria no logró cumplir la pauta de inflación auto-establecida, pero eso fue pese a que sí contrajo elevados costos en términos económicos y de déficit cuasifiscal (quebranto en el balance del BCRA) generando fuertes desincentivos a la inversión productiva y graves consecuencias sobre la dinámica económica y social.

La inflación en 2016 superó el 41%, mientras que en el 2017 se espera que ronde el 22%. Ha bajado a la mitad de lo que fue en el 2016, pero con una política contractiva que le generó al BCRA pasivos por más de 1,1 billones de pesos y un contra-incentivo a la inversión.

El problema al que se llega con esta lógica antiinflacionaria es real y muchos economistas (sobre todo los ortodoxos) auguran un desenlace traumático. La mala noticia es que a fines del 2017 el BCRA tuvo que volver a subir la tasa de referencia, lo que indica que el mercado está exigiendo más rentabilidad para seguir financiando el esquema. Altas tasas de interés son un freno a la recuperación de la actividad y un pasivo que tarde o temprano hay que pagar. Si el gobierno quisiera ponerle un freno a esta burbuja especulativa (porque obviamente la economía no resiste tasas del 29%) las presiones sobre el tipo de cambio generarían el conocido "pass-trough" sobre los precios, echando por tierra el objetivo de controlar la inflación. Y crece la la incertidumbre desde el día uno.

Situación fiscal

Uno de los principales objetivos planteados por el gobierno desde diciembre de 2015, fue el ajuste fiscal necesario para terminar "con la fiesta" que significó una conducta expansiva del gasto público. Esto llevó al Ejecutivo a plantear medidas de alto corte anti popular, las que de todas formas no dudó en implementar con el aval de organismos internacionales y el apoyo de un amplio sector de la población.

Sin embargo, el ajuste selectivo de algunas partidas presupuestarias (principalmente del gasto social y del gasto en servicios económicos) no logró compensar las concesiones que se hicieron a sectores vinculados al interés del gobierno, como por ejemplo, la quita de retenciones al agro, la reducción de impuestos a mineras y al patrimonio, entre otras. Fue así que no se logró bajar sustancialmente el saldo negativo de las cuentas públicas, cayendo en el mismo debilidad con la que acusó a la gestión saliente.

Esta situación dejó al gobierno a mitad de camino, puesto que la visión de la economía que tiene el gabinete económico no cierra si el sector público extrae los pocos recursos que genera la economía. Así se explica idea de "reformas pendientes" y "profundización del modelo" que fundamenta las tres reformas que el poder Ejecutivo envió en simultáneo al Congreso de la Nación, apenas superadas las elecciones legislativas de octubre pasado: laboral, fiscal y previsional.

El problema del desfinanciamiento del Estado ha sido y es un punto central de la política económica, ya que a diferencia de la ideología liberal, el Estado neoliberal tiene que hacerse cargo de la provisión de bienes y servicios públicos en los que por diversos motivos el sector privado se niega a participar. Esto incluye el desarrollo de ambiciosas obras de infraestructura ligadas a mejorar la logística y generar las condiciones para la radicación de grandes emprendimientos, dejando una menor proporción del presupuesto para obras de impacto educativo, social y cultural, caracterizadas por tener una mayor valoración social y aportar numerosos beneficios intangibles.

A los compromisos del sector público, debe sumarse el notable incremento de las erogaciones en concepto de intereses de la deuda, que en el 2017 se incrementará un 79% respecto al 2016, el déficit fiscal superará largamente las cifras esperadas por el gobierno, siendo incluso mayores a las registradas durante el denostado (por populista) gobierno del Frente Para la Victoria. Sólo en concepto de intereses el déficit será del 2,41% del PBI, a lo que si se suma el déficit primario, más el déficit cuasifiscal (del BCRA) la cifra supera largamente el 7% del PBI, según estimaciones preliminares.

De allí que el tema fiscal volvió a ubicarse en el centro de la escena: si la economía no genera riqueza sino que la toma del endeudamiento y la retira del sistema económico, el sector público no se puede absorber recursos para llevar a cabo la misión que le encomienda la ciudadanía; sólo se debe ocupar de ajustar y administrar la escasez. Esto explica el motivo de las tres reformas propuestas por el gobierno (la reforma laboral, la reforma fiscal y la reforma previsional) que implicarán una nueva transferencia de recursos desde los sectores asalariados, la clase pasiva y los más vulnerables.

Deuda externa y fuga

Al 10 de noviembre de 2017, la deuda pública bruta del Estado nacional ascendió a u$s 314.234 millones. Tal stock de pasivos significó un incremento del 14,1% con respecto a diciembre de 2016 (+u$s 38.788 millones) y del 30,6% en comparación al 31 de diciembre de 2015 (+u$s 73.569 millones).

Fuente: La Capital

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