Rosario, Sábado 18 Noviembre 2017
Martes, 17 Abril 2012

Aguas: legisladores oficialistas coinciden en discutir nueva regulación

La "Segunda Jornada de Usuarios y Consumidores", organizada por el Centro de Estudios Sociales y Acción Comunitaria (Cesyac), se convirtió ayer en una tribuna para el reclamo de cambios en la política de saneamiento del Gobierno provincial y metió presión para una urgente actualización del marco normativo para la empresa Aguas Santafesinas.

El principal panel de la mañana, en una jornada que reunió a unas 100 personas en el Bernardino Rivadavia, tuvo como tema central la problemática del agua. Si bien no asistió la diputada justicialista, María Eugenia Bielsa, de quién se esperaba tenga un contrapunto con su par oficialista Raúl Lamberto, las voces críticas vinieron del ex presidente de Aguas, Juan Venesia, y del titular del Enress, Héctor Nuñez.

Venesia señaló la necesidad de que la Legislatura cambie el actual marco regulatorio por el cual se administran los servicios sanitarios (ley 11.220) aprovechando para reforzar el Enress haciendo vinculantes sus decisiones, con capacidad de establecer la política tarifaria (no como hasta ahora), con capacidad de sanción a la prestadora y que tenga más capacidad de atención de los reclamos de los consumidores.

"Es una norma que ya no responde a la realidad y por eso es necesario que la Legislatura discuta un moderno instrumento normativo que permita abordar las distintas necesidades sectoriales y asegurar la universalidad, calidad y cobertura de los servicios sanitarios en Santa Fe", dijo Venesia.

Venesia insistió con la propuesta que lanzó la semana pasada el Foro del Agua de armar un Fondo de Saneamiento Provincial, que por ley comprometa fondos provinciales, aportes nacionales y créditos internacionales para financiar las inversiones en obras de infraestructura de base. "No hay que atar, como hace esta administración, el aumento de tarifas a la inversión ya que deberían ir por carriles separados", resaltó Venesia, quien insistió, "la tarifa tiene que financiar el servicio, que debe ser más eficiente en costos, porque es imposible financiar con ella inversiones, dado los montos necesarios".

"No podemos perder la oportunidad. Este es el año, porque no es electoral, para las reformas administrativas y para las discusiones integrales sobre los servicios sanitarios para el largo plazo", instó el ex presidente de Aguas Santafesinas.

A su turno, Muñoz defendió que la empresa esté en la órbita pública, pero aclaró que eso no la exime de dar respuestas, sino no tiene sentido que sea pública", dijo y luego apoyó que se haga una reforma normativa a ley que regula los servicios de saneamiento que le de más facultades al Enress y que se concrete el financiamiento para obras por medio de Fondo Provincial.

Finalmente, Lamberto salió a defender la gestión oficial. "Entre 2006 y 2011 la tarifa subió 119%, pero el subsidio provincial se incrementó más del 440% y ahora ingresa más dinero por aportes ($261M en 2011) que por tarifas ($221 M)", dijo para justificar el fuerte aumento de tarifas de este año. También reconoció un incremento del 300% en los costos del personal, pero negó que sea por un aumento del gasto político sino que señaló que al pasarse a órbita estatal la empresa tuvo que hacer frente a convenio laboral distinto para los empleados de la firma.

Lamberto recogió el guante del cambio de marco normativo transitorio que se fijó por dos años en 2006, cuando se provincializó la empresa, pero que si bien se vino postergando, finalmente venció el 31 de diciembre pasado.

Uno de los puntos importantes que dejó sobre la mesa fue que se venció el 31 de diciembre la facultad que tenía el Gobierno de aprobar subas tarifarias sin el ok del Enress (no por nada el último tarifazo se aprobó el 29 de diciembre). Esa facultad proviene de un régimen transitorio aprobado para la transición de Aguas de empresa privatizada a sociedad anónima con mayoría estatal, que el Gobierno socialista vino prorrogando. Pero ahora es la Legislatura la que le tendría que extenderle esa discrecionalidad, justo ahora que en ambas Cámaras el Gobierno tiene minoría.

Incluso, también venció a fin de diciembre el contrato de concesión con ASSA (que es una sociedad anónima y no una empresa del Estado como la EPE), por lo cual -según dijo Muñoz- es "un problema de fondo que genera incertidumbre jurídica". Es más, dijo: "Hoy no hay contrato de vinculación y la empresa se está manejando sin sostén jurídico", agregó el funcionario. Según averiguó punto biz, el Gobierno provincial está trabajando en el decreto para renovar el contrato.

Al finalizar la exposición, Lamberto habló con este medio.

¿Sale marco regulatorio este año?
Hubo ante-proyectos, pero hace falta consenso. No obstante consideramos que debe haber un marco definitivo al funcionamiento de la empresa porque hoy es una sociedad anónima que tiene como accionista a la Provincia. Hay incompatibilidades que deben ser arregladas.

¿Hay un proyecto concreto en discusión? ¿Se charla con el peronismo que es mayoría?
Todavía está en marco de charla en la empresa, de ahí saldrá un proyecto para discutir en el seno del Frente Progresista. Después habrá una presentación y negociaciones en la Legislatura.

 

Info adicional

  • Fuente: PuntoBiz
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